Mediante un comunicado, la Asociación de Magistrados y Funcionarios Judiciales de Chubut le exigió al Gobierno provincial que sincere y reconozca públicamente la real situación financiera y regularice el pago de los haberes de los trabajadores.

“La forma en que el Poder Ejecutivo determina la modalidad de pago con relación a los sectores que se priorizan y más allá de las tareas y valoraciones que éste pueda efectuar, afecta el correcto funcionamiento de las restantes área del Estado y con especial afectación de los restantes Poderes y de la forma republicana de gobierno”, cuestiona el documento.

“Que tal metodología da lugar a medidas de fuerza por parte de los empleados, no sólo por el pago tardío, sino, que abarca la falta de razonabilidad del criterio de selección adoptado. Que venirnos recibiendo informaciones periodísticas diversas con relación al pago de haberes, dilatorias, contradictorias y surgiendo con posterioridad de las mismas que el Poder Ejecutivo conocía la insuficiencia de fondos para pagar los sueldos de toda la administración pública, inclinándonos por pensar que se especula con las ausencias momentáneas atento al receso invernal”, agrega.

El comunicado también sostiene: “lo ocurrido con el pago del sueldo anual complementario como con la dilación en el pago de haberes del mes de junio unido a los inconvenientes ocurridos con los pagos de salarios de enero y febrero muestran un incumplimiento reiterado que pone de resalto, en principio, la insuficiencia de las finanzas públicas que se demuestra en la falta de certeza del cumplimiento de un gasto corriente de operatividad mensual”.

Y advierte: “reiterando una vez más nuestras palabras que expresáramos al inicio del año, sincere y reconozca públicamente la real situación financiera de la provincia adoptando de ser necesario, atento a su responsabilidad, el desdoblamiento del pago de salarios, sistema al que nos ha sometido para la percepción salarial esa administración durante el año 2018 informando con antelación y no resolviendo sobre las fechas, de manera antojadiza y segregacionista el orden de pago de los haberes de todos los empleados públicos sin discriminar entre las diversas áreas del Estado”.