Hacia afuera, funcionarios del área de seguridad del Gobierno Nacional se muestran seguros y firmes en sus declaraciones acerca de «las intenciones políticas» de aquellos que diseminan los rumores de saqueos en redes sociales y que provocan el temor de comerciantes en distintas zonas urbanas del país que prefieren bajar las persianas de sus negocios ante la menor duda de desmanes sociales.

Puertas adentro, en los despachos de Casa Rosada de la Jefatura de Gabinete, que conduce el actual candidato vicepresidencial de Unión por la Patria, Agustín Rossi, la angustia se va incrementando, hora tras hora, a medida que la reciente devaluación de la moneda nacional comienza a enseñar sus devastadores efectos sobre los ingresos de los ciudadanos.

Y, si bien asesores del Jefe de Gabinete y del ministro de Seguridad, Aníbal Fernández, no desconocen las «maldades» políticas y electorales que suelen realizarse en momentos de crisis y en períodos de elecciones saben que, una sola chispa puede prenderle fuego a un bosque entero, y esperan que el ministro de Economía, Sergio Massa, coordine con el área social de la administración de Alberto Fernández para anunciar bonos, sumas fijas, bolsones de alimentos para comedores y todo tipo de ayuda para la población de menores ingresos del país que está a punto de dejar el estrato de la pobreza para pasar al de la indigencia.

Devaluación y rumores de saqueos

Tal como explicó en el pasado el fraile y filósofo Guillermo de Ockham, «en igualdad de condiciones, la explicación más simple suele ser la más probable», un alto funcionario de Casa Rosada explicó a este medio que «la situación social desmejoró notablemente luego de las elecciones PASO y la devaluación que había que realizar sí o sí para recibir dinero del FMI y de otros organismos de crédito. Pero los efectos negativos sobre el bolsillo de la población comenzaron a aparecer a las 72 horas de anunciada la medida con remarcaciones en todos los bienes y servicios de la economía y ni noticias de aumentos para no mandar al descenso a la gente. Por ello, lo que comienza con un rumor cargado de intencionalidad política degenera en un accionar delictivo de gente necesitada que nada tiene que ver con una operación política determinada desde algún sector interesado en que se produzca».

En ese contexto el ministerio de Seguridad nacional decidió trabajar junto a gobernadores, como el de la provincia de Mendoza, Rodolfo Suárez, que grabó un video en redes sociales donde advierte que los responsables de «difusión de mensajes por WhatsApp son falsos, maliciosos y cobardes, quizá orquestados por alguien, estamos averiguando el móvil…a aquellos que envían los mensajes les van a caer todo el peso de la ley», advirtió el mandatario provincial radical luego de recorrer el centro de la ciudad de Mendoza y observar que una notable cantidad de comerciantes habían decidido bajar las persianas, el martes 22, continuando con el feriado largo del pasado fin de semana de agosto.

Esta coordinación que se da entre los funcionarios de Casa Rosada y, algunos gobernadores e intendentes, no todos, donde se produjeron hechos delictivos, se puede verificar en el distrito de José C. Paz donde el alcalde Mario Alberto Ishii, prefirió desmentir, a través de un escueto comunicado, que existieron saqueos en esa localidad a pesar de las pruebas en contrario que se difundieron en videos por redes sociales.

Lo insólito es que, en este caso, el Presidente, Alberto Fernández, prefirió echar más nafta al fuego al asegurar, vía telefónica, a una comerciante perjudicada por los actos de vandalismo y saqueo que, la responsabilidad de estos hechos es del gobierno de Córdoba que conduce el candidato presidencial Juan Schiaretti.

Así lo relató la comerciante despojada, Alejandra Sempé, que dialogó con el primer mandatario y con el ministro de seguridad, Aníbal Fernández.

Ante los yerros en el encuadre de estas declaraciones del partido gobernante y su política de confrontación luego del resultado de la PASO, se han dado cuenta que hay que comenzar a minimizar los discursos ya que ellos mismos son los encargados de la Seguridad que le deben a todos loa argentinos.