Tras ser hallada culpable de administración fraudulenta, la ex presidenta, además, fue inhabilitada de manera perpetua para desempeñar cargos públicos.
Luego del fallo de la Corte Suprema de Justicia, Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta y ex vicepresidenta de la Nación, fue condenada este martes a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por el delito de administración fraudulenta en perjuicio del Estado. La causa, conocida como «Vialidad», investigó la asignación de 51 contratos de obras viales en la provincia de Santa Cruz entre 2003 y 2015 a favor del empresario Lázaro Báez, cercano al entorno de los Kirchner.
Este mediodía, el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, había citado a sus pares, Ricardo Lorenzetti y Carlos Rosenkrantz, a una reunión a las 16. El encuentro se realizó en virtud del artículo 84 (2° párrafo) del Reglamento para la Justicia Nacional (Acordada 36/2003). Tras el encuentro, emitieron sus votos y se los entregaron a la Secretaría Penal. Finalmente, pasada las 17.30, se conoció el fallo que definió el futuro de Cristina.
En primera instancia, la condena había sido dictada por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 2 y confirmada por la Cámara Federal de Casación Penal en noviembre de 2024. Constituye la primera sentencia penal firme en la historia argentina contra una ex mandataria democrática por hechos de corrupción durante su gestión.
Una causa que se remonta a 2016
La investigación comenzó tras una denuncia presentada por Javier Iguacel, entonces director de Vialidad Nacional, en 2016. El expediente fue instruido por el juez Julián Ercolini, con intervención de los fiscales federales Gerardo Pollicita e Ignacio Mahíques. La causa fue elevada a juicio en 2019 y atravesó múltiples instancias judiciales hasta su reciente llegada a la Corte Suprema.
De qué se la acusó y por qué fue condenada
El fiscal Diego Luciani sostuvo que existía una estructura estatal orientada a favorecer al empresario Lázaro Báez mediante licitaciones dirigidas, obras inconclusas, pagos indebidos y sobreprecios, y consideró a Fernández de Kirchner como jefa de una asociación ilícita. Solicitó 12 años de prisión por ese delito y por administración fraudulenta.
Sin embargo, el tribunal descartó el cargo de asociación ilícita y la condenó únicamente por administración fraudulenta agravada. Según los jueces, si bien hubo corrupción, no se acreditó que la finalidad del aparato estatal fuera exclusivamente delictiva, condición necesaria para configurar una asociación ilícita.
Pese a no aplicar la figura de asociación ilícita, los jueces consideraron que la gravedad de los hechos ameritaba la pena máxima prevista para la administración fraudulenta: 6 años de prisión.
Las pruebas clave del caso
El tribunal valoró distintas pruebas, entre ellas el Decreto 54/2009, que modificó un fideicomiso existente y permitió direccionar fondos públicos con escaso control. También se destacaron mensajes del ex secretario de Obras Públicas José López, que revelaron coordinación entre funcionarios y empresarios tras las elecciones de 2015.
Además, se demostró que parte del dinero pagado por el Estado habría regresado a empresas familiares de la ex mandataria, estableciendo un circuito económico de retorno que benefició a su entorno directo.
Argumentos de la fiscalía y defensa
Para los fiscales, se trató de una “defraudación monumental” al Estado mediante la concesión de contratos viales a la firma Austral Construcciones, propiedad de Báez. Sostuvieron que las licitaciones estaban amañadas, que hubo sobreprecios y obras pagadas sin ejecutar.
La defensa de Fernández de Kirchner argumentó que las obras ya habían sido objeto de investigación en la justicia de Santa Cruz y que no podía ser juzgada dos veces por el mismo hecho. También denunció la parcialidad de algunos jueces y cuestionó la incorporación de pruebas de otras causas durante el juicio oral.
Los demás condenados y absueltos
Además de Fernández de Kirchner, fueron condenados:
Lázaro Báez, empresario: 6 años.
José López, ex secretario de Obras Públicas: 6 años.
Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional: 6 años.
Juan Carlos Villafañe, ex titular de Vialidad en Santa Cruz: 5 años.
Raúl Pavesi: 4 años y 6 meses.
José Santibáñez: 4 años.
Mauricio Collareda: 4 años.
Raúl Daruich: 3 años y 6 meses.
En cambio, fueron absueltos el ex ministro de Planificación Julio De Vido, Abel Fatala, Héctor Garro y Carlos Kirchner (este último, por prescripción de la acción penal).
El recorrido judicial: hacia la Corte Suprema
La sentencia fue apelada ante la Cámara de Casación, que confirmó la condena. Ante esto, la defensa de Fernández de Kirchner presentó un recurso extraordinario ante la Corte Suprema. Como este fue rechazado por Casación, la defensa acudió con un recurso de queja.
¿Podrá ser candidata?
Cristina Fernández de Kirchner anunció su candidatura a legisladora bonaerense para las elecciones de 2025. Según la legislación argentina, una persona puede ser excluida del padrón electoral y de las candidaturas si:
Fue condenada a prisión mayor de 3 años,
La sentencia está firme,
Y la pena se encuentra en ejecución.
Como su condena quedó firme, legalmente no está habilitada para competir en las elecciones.
La palabra final
La Corte era la última instancia de revisión y quien se ocupa, en casos como estos, en velar por el debido proceso y que no haya habido ninguna violación a las garantías constitucionales. Algo importantes es que el máximo tribunal no es quien la condenó: Cristina Kirchner ya había sido condenada por un tribunal de juicio integrado por los jueces Jorge Gorini, Andrés Basso y Rodrigo Giménez Uriburu y esa sentencia habia sido confirmada por la instancia superior penal que es la Cámara de Casación.
