En “Kakistocracia depredadora”, el abogado Allan R. Brewer-Carías explica cómo este preocupante fenómeno se transformó en una tendencia creciente en la región. Una investigación con alarmantes casos concretos que denuncia las consecuencias del “populismo constitucional” y propone otras alternativas.
¿Cómo llegó su Gobierno a tener una Constitución “de plastilina” que no es más que un un “texto de papel mojado que se manipula y muta libremente”? ¿Qué tuvo que pasar en ese país para provocar “ el estado actual de estas situaciones.
Primero, ¿qué es la kakistocracia? Este es un término utilizado en análisis y crítica política para designar un gobierno formado por los más ineptos, incompetentes y cínicos, así como los menos calificados, de un determinado grupo social. Y lo que le preocupa al autor -que enseñó en prestigiosas instituciones académicas como la Universidad de Cambridge, la Universidad Panthéon-Assas y la Columbia Law School- es la tendencia hacia este tipo de gobiernos en Latinoamérica en el siglo XXI.
Países latinoamericanos como Nicaragua lograron crear “democracias aparentes, falsas o engañosas” y “Estados de derecho de mentira”, algo que el autor llama “populismos constitucionales”.
Elecciones arregladas, jueces corruptos, Constituciones “de plastilina”, proscripción de candidatos de la oposición, desaparición y tortura de personas, faltas a los derechos humanos y a la libertad de expresión, control de los medios de comunicación y una “ilegalidad legalizada”. ¿Cómo llegamos hasta acá? ¿Qué puede hacerse al respecto de cara al futuro?
El falseamiento del Estado de derecho y el surgimiento de las kakistocracias
En el mundo contemporáneo, ante nuestros ojos y utilizando inicialmente instituciones democráticas, han aparecido como una supuesta innovación histórica, nuevos “modelos” de Estado de derecho de mentira, falsos y fraudulentos, resultado precisamente de su falseamiento, que han degradado o degenerado las democracias, convirtiéndolas en pseudodemocracias, o en democracias aparentes, falsas o engañosas, como ha ocurrido en muchos de nuestros países latinoamericanos.
Se trata de por supuesto de “Estados de derecho” nominales que incluso tienen una Constitución que los declara formalmente como “Estados democráticos y sociales de derecho” y aún “de justicia,” pero con una Constitución de plastilina que se cambia, modula y moldea libremente por los órganos del Estado, la cual, por tanto, no se respeta, ni se cumple.
Y así, desde el poder, resultaron gobernantes que no solo no han respetado la supremacía de la Constitución, pues en todos estos países hicieron o han hecho de la Constitución un texto de “papel mojado” que se manipula y muta libremente; sino que no han respetado la separación de poderes y, al contrario, han establecido un sistema de concentración total del poder, donde no hay control ni independencia alguna, de ningún tipo entre ellos. Y lo más grave es que en ese proceso, quienes gobiernan, desde el inicio, han asaltado específicamente el Poder Judicial y lo han convertido en el principal instrumento del autoritarismo, con Jueces Constitucionales que nada controlan en materia de control de constitucionalidad, sino que más bien avala las inconstitucionalidades del gobierno.
Gobiernos que no garantizan el acceso al poder conforme a las reglas del Estado de Derecho, pues el órgano electoral es utilizado a mansalva a favor los mismos gobernantes; el registro electoral es manipulado, con el resultado de que, en esa forma, no hay ni puede haber elecciones limpias, ni justas ni confiables.
Sistemas en los cuales se inhabilita y se encarcela a los candidatos opositores como las supuestas elecciones cubanas donde solo se eligen los escogidos por el régimen.
Sistemas, en fin, en los cuales se atenta contra la libertad de expresión y se confiscan y controlan todos los medios de comunicación; sistemas en los cuales se desaparece e incomunica a personas, se las tortura y donde, incluso, a los defensores de derechos humanos se los acusa de terroristas o de traidores a la patria, En los últimos años, apresándose incluso a quienes defienden derechos humanos, acusados por ello, de instigar al odio; cuando el odio ha sido, precisamente, la forma más burda de violencia institucional utilizada por el régimen.
En definitiva, se trata de sistemas donde se ha destruido a la democracia representativa, eliminando la representatividad política, con base de una supuesta y falaz “democracia participativa” que de participación no tiene nada, porque participar en política, aparte de realizarlo mediante el voto, solo es posible en sistemas de gobierno políticamente descentralizados. Recordemos: No hay, ni ha habido, ni puede haber democracias centralizadas y centralistas que estén basadas en la concentración del poder.
A la destrucción de la democracia se agrega como agravante la desigualdad social, al haberse destruido el aparato productivo del país, convirtiéndose a la población del que fue el país más próspero de nuestra América Latina en una masa dependiente de las migajas que reciben de subsidios cada vez más empobrecidos del gobierno.
Eso mismo es, precisamente, ese “nuevo” Estado de derecho falso, falseado y fraudulento que ha hecho aparición en nuestra América Latina en estos comienzos del siglo XXI, a luz de todo el mundo democrático, desmantelando todos los principios del Estado de derecho, comenzando por el falseamiento de la Constitución reflejado en la degradación de los principios mínimos esenciales que debe tener todo Estado de derecho.
